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Samourai Wallet apela a directrices de FinCEN para desestimar su caso con el Departamento de Justicia de EE. UU.
Los desarrolladores afirman que Samourai Wallet nunca gestionó fondos de usuarios y no debe ser considerado una institución financiera.
Lo que debes saber:
- La defensa de Samourai Wallet solicitó que se desestimara el caso del DOJ porque rompe con la política del Departamento del Tesoro y criminaliza el software de código abierto.
- La distinción es entre servicios custodiales y no custodiales, y Samourai Wallet argumenta que nunca manejó fondos de usuarios y, por lo tanto, no debería ser considerado un transmisor de dinero.
- Los cargos del DOJ representan una ruptura sin precedentes con la guía de FinCEN, que establecía que los proveedores de software de anonimización no están sujetos a las reglas para transmisores de dinero, según argumentó la defensa.
Los cofundadores de la aplicación de privacidad de Bitcoin Samourai Wallet rechazaron los cargos penales del gobierno de EE. UU., argumentando en una nueva presentación judicial que el caso del Departamento de Justicia debería ser archivado porque rompe con años de política del Departamento del Tesoro y amenaza con criminalizar el software de código abierto.
Keonne Rodriguez y William Hill, acusados de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero, presentaron una moción conjunta solicitando a un juez federal en Manhattan que desestime la acusación.
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Los abogados de la pareja dicen que Samourai Wallet nunca manejó fondos de usuarios y no debe considerarse una institución financiera ni un transmisor de dinero según la ley federal.
En el corazón de la disputa está la distinción entre servicios custodiales, que toman control de los activos de los clientes, y herramientas no custodiales como Samourai, que únicamente ayudan a los usuarios a oscurecer las transacciones en blockchain usando un método llamado CoinJoin.
Según la moción, los usuarios de Samourai siempre mantuvieron el control de su cripto, y la aplicación simplemente coordinaba transacciones que mejoran la privacidad entre ellos.
La defensa de los desarrolladores citó la orientación de larga data de la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, que establece que los proveedores de software para anonimizar no están sujetos a las reglas de transmisores de dinero.
“FinCEN nunca sostuvo que fuera un negocio de transmisión de dinero que debe ser licenciado. Por el contrario, FinCEN ha aconsejado consistentemente que las empresas y aplicaciones de software que no 'aceptan' ni 'transmiten' fondos no son negocios de 'transmisión de dinero'”, dice la presentación.
La defensa argumenta que los cargos del Departamento de Justicia representan una ruptura abrupta y sin precedentes con esa interpretación “en una aparente lucha de poder regulatorio con FinCEN”.
Para ellos, la conducta del DOJ es comparable a “acusar a un fabricante de palas porque puede saber que los asesinos usan palas para enterrar a sus víctimas” o “acusar a un fabricante de teléfonos desechables porque puede saber que algunos clientes usan los teléfonos para facilitar delitos relacionados con drogas”.
En la moción, los abogados advirtieron que la teoría del DOJ podría implicar a una amplia gama de desarrolladores que construyen herramientas de privacidad.
Varios grupos de defensa de criptomonedas, incluyendo Coin Center y el Fondo de Educación DeFi, han mostrado interés en presentar escritos de amicus curiae en apoyo a la moción, advirtiendo que el caso podría enfriar la innovación y violar las libertades civiles si se permitiera que prosiguiera.
El tribunal tiene programado escuchar los argumentos el 22 de julio.
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